En Ecuador, la ley garantiza derechos especiales para proteger a personas con discapacidad, enfermedades graves, mujeres embarazadas y sus sustitutos en el ámbito laboral. Estas son las principales reformas:
Sector Público: No pueden ser despedidos sin causa legal quienes tengan nombramientos provisionales por discapacidad, enfermedad grave o embarazo. Se prohíbe el acoso laboral, se garantiza licencia médica sin límite y retorno al puesto. Además, están exentos del límite en contratos ocasionales.
Código del Trabajo: Los empleadores deben adaptar los puestos para trabajadores con enfermedades graves y registrar estos casos ante el Ministerio de Trabajo e IESS, respetando la confidencialidad. También se entregarán certificados a empleadores que apliquen buenas prácticas.
Empresas Públicas: Al menos el 4% del personal debe ser personas con discapacidad, enfermedades graves o sus sustitutos. El cumplimiento será controlado por las Direcciones Regionales del Trabajo.
Función Judicial: Se actualiza la normativa aplicable, reemplazando la ley de servicio civil por la del servicio público.
Servicio Exterior: Se establece que solo puede separarse a un trabajador si existe una discapacidad permanente e inhabilitante certificada. También se refuerza su estabilidad laboral.
Estas medidas buscan promover la inclusión, la igualdad y la protección real de los derechos laborales de personas en situación de vulnerabilidad.