El Impacto del Pago a Cuenta sobre Utilidades no Distribuidas en las Sociedades Holding: Desafíos y Alternativas Fiscales

La Resolución Nro. NAC-DGERCGC26-00000024 establece nuevas normas para la emisión de comprobantes y el registro de ingresos y gastos en el transporte terrestre comercial. Entre sus principales disposiciones se encuentran la asignación de códigos de actividad a las operadoras, la eliminación de los puntos de emisión, la obligación de incluir la placa del vehículo en la factura y la responsabilidad de las compañías de transporte de emitir los comprobantes.

Actividad para las operadoras:

Actividad para los socios:

«Servicio de transporte únicamente de socios o accionistas a operadoras»

Además, permite que los socios facturen a la compañía u operadora y actualiza la forma de registrar los ingresos y gastos deducibles conforme a la normativa vigente.

Le informamos que el Servicio de Rentas Internas, implementó una nueva actualización en el Portal en Línea, la cual permite visualizar los Comprobantes Electrónicos Recibidos (facturas, retenciones, notas de crédito, notas de débito y liquidaciones de compra) en Tiempo Real (el mismo momento que se autorizan), de la siguiente manera:

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana. No solo generan empleo, sino que impulsan la producción local, la innovación y el desarrollo empresarial. Por esta razón, la normativa ecuatoriana ha establecido una clasificación clara y técnica, que permite definir políticas públicas, programas de fomento y beneficios específicos para cada segmento.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, las MIPYMES se clasifican considerando dos variables principales:
✔ número de trabajadores
✔ nivel de ventas o ingresos brutos anuales

📌 Clasificación de las MIPYMES
🔹 Microempresa
Se considera microempresa a la unidad productiva que:
-Cuenta con 1 a 9 trabajadores, y
-Registra ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a USD 300.000.
Este segmento suele estar conformado por emprendimientos familiares, negocios en etapa inicial o actividades económicas de pequeña es

En el Ecuador, la décimotercera y décimocuarta remuneración son derechos laborales fundamentales. Sin embargo, no todos los trabajadores reciben estos valores de forma mensual, ya que la normativa permite optar por su acumulación para recibirlos en las fechas establecidas por la ley.

Plazo para solicitar la acumulación
De acuerdo con el Acuerdo Ministerial No. MDT-2023-140, los trabajadores que deseen acumular sus décimos deben presentar su solicitud durante los primeros quince (15) días del mes de enero de cada año. Este plazo es obligatorio y aplica tanto para quienes desean iniciar la acumulación como para aquellos que desean modificar su modalidad de pago.

Casos especiales a considerar
Nuevas vinculaciones laborales:
Cuando una persona ingresa a trabajar en una empresa, cuenta con un plazo de 15 días desde su ingreso para presentar la solicitud de acumulación de décimos.

Cambio de modalidad:
Si el trabajador se encuentra acumulando décimos y desea regresar al pago mensual, también deberá presentar su solicitud dentro de los primeros 15 días de enero.

Pago de los valores acumulados
Los valores acumulados por concepto de décimos serán cancelados conforme al cronograma oficial establecido por el Ministerio del Trabajo, respetando las fechas y condiciones previstas en la normativa vigente.

La normativa ecuatoriana de protección de datos personales establece que todas las organizaciones, públicas o privadas, deben implementar medidas que garanticen la seguridad, confidencialidad y correcto uso de la información que manejan. Este deber de cumplimiento ha convertido la protección de datos en un componente esencial de la gestión empresarial. Dentro de estas obligaciones surge una figura clave: el Delegado de Protección de Datos Personales (DPDP), responsable de supervisar que la entidad actúe conforme a la Ley y adopte buenas prácticas en materia de privacidad.
Aunque no todas las empresas están obligadas a designar un delegado, la Ley determina situaciones y sectores específicos en los que su nombramiento es indispensable.

¿Cuándo se debe designar un Delegado de Protección de Datos?
La designación del DPDP es obligatoria en los siguientes casos:

• Organizaciones del sector público, que manejan altos volúmenes de información ciudadana.
• Actividades del responsable o encargado que requieren supervisión continua y sistemática debido a la naturaleza o complejidad del tratamiento de datos.
• Procesos que involucran información sensible que demanda especial control.
• Situaciones en las que los datos tratados no estén relacionados con información reservada o de seguridad nacional.

En estos escenarios, el delegado cumple un rol de acompañamiento técnico y de vigilancia interna, asegurando una adecuada gestión de cumplimiento.

Sectores con designación obligatoria
Además de los casos generales, la normativa ecuatoriana señala sectores específicos donde el nombramiento del delegado es obligatorio:

• Instituciones educativas y entidades que gestionen información de menores.
• Instituciones de educación superior.
• Organizaciones que administran datos de menores de edad.
• Entidades financieras y aseguradoras.
• Empresas de publicidad, prospección o investigación de mercado que elaboran perfiles.
• Actores del sistema de salud, a excepción de profesionales particulares, y compañías del sector farmacéutico.
• Empresas de seguridad privada, administradoras de urbanizaciones o sistemas de control de accesos.
• Federaciones, clubes deportivos y gremios profesionales.
• Empresas de telecomunicaciones, videovigilancia, geolocalización, tecnologías de información e inteligencia artificial.
• Concesionarias y entidades que gestionan servicios públicos.
  Estas entidades trabajan con información crítica o de alto impacto, por lo que la figura del delegado es necesaria para reforzar la protección de datos y la transparencia.

Plazo de registro
La normativa establece que las instituciones obligadas deben registrar a su delegado hasta el 31 de diciembre de 2025, garantizando así el cumplimiento formal y operativo de esta obligación.

Las bajas de inventario pueden generar dudas al momento de realizar la declaración tributaria, especialmente si se busca que estos valores sean considerados gastos deducibles para efectos del Impuesto a la Renta. De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, específicamente en el artículo 28 numeral 8, las pérdidas de inventarios pueden ser deducibles siempre que exista una justificación formal y adecuada de los hechos que dieron lugar a dicha baja. Para ello, es obligatorio respaldar el registro contable con documentación válida.

A continuación, los elementos indispensables:

1. Declaración Juramentada
   Debe ser realizada ante un notario o juez y explicar:
   Qué productos se dieron de baja
   Motivo de la pérdida
   Valor afectado
2. Firmas de los responsables
   La declaración debe estar suscrita por:
   Representante legal
   Contador
   Responsable de inventarios o bodega
   Esto valida que la información fue revisada y aprobada por quienes administran y controlan el inventario.
3. Documentos adicionales
   Se debe incluir:
   Acta de baja
   Listado detallado de los artículos involucrados
   Reportes internos de control o soporte contable

¿La pérdida fue por robo?
En ese caso, además del acta y la declaración, es obligatorio adjuntar la denuncia formal presentada ante la autoridad competente.

Fecha límite
La declaración debe emitirse y registrarse dentro del mismo ejercicio fiscal en el que se genera la baja.
Si se presenta después, la baja podría considerarse no deducible.